Planta de celulosa Veracel en Brasil

LAS PROMESAS DEL PROGRESO

Por Víctor L. Bacchetta *

Publicado en Semanario Brecha, de Uruguay, 5/1/07.

A tres lustros de iniciado el monocultivo de eucaliptos y a un año de la producción de celulosa en el extremo sur del estado brasileño de Bahía los impactos ambientales y sociales provocados por la empresa brasileño-sueco-finlandesa Veracel Celulose son muy problemáticos.

LA CIUDAD DE Eunápolis esta al sur del estado de Bahía, a 65 kilómetros de la costa oceánica más o menos a la altura del balneario de Porto Seguro. Con 100.000 habitantes, Eunápolis es la principal urbe de la región donde se sitúa la fábrica de celulosa Veracel y uno de los mayores proyectos de cultivo e industrialización del eucalipto en Brasil.

“Conocí esta región cuando fue muy próspera, tenía buenas lluvias y cierto equilibrio, había mucho bosque. Mi padre era agricultor, plantó mucho zapallo, frijoles, mamão, no precisaba irrigar y había pocas enfermedades. Unos 15 años atrás, la fruticultura aquí era maravillosa, había inmensas plantaciones de mamão, graviola, guayaba. Pero esto se está acabando con la llegada de Veracel”, comenta la ingeniera agrónoma Mónica Leite, que continúa dedicada a la producción de frutas y hortalizas.

En los últimos 15 años se trastocaron desde la propiedad de la tierra y el medio ambiente, hasta las formas tradicionales de vida y convivencia social tanto en el campo como en la ciudad de la zona. “Aquí tenemos la mayor resaca producida por la presencia de Veracel. Lo que más ha crecido es la criminalidad, la prostitución infantil, la miseria, el hambre, el índice de presos, de asaltos, de asesinatos”, afirma el periodista Jodenilton Bastos, que atiende dos programas diarios en la Rádio Ativa 92,7 Mhz, de Eunápolis.

EL PARAÍSO PROMETIDO

En 1991 la firma Veracruz Florestal Ltda. (una subsidiaria de la trasnacional brasileña Odebrecht) inició sus actividades en el Extremo Sur de Bahía; seis años más tarde se asoció con la empresa sueca Stora y en 1998 cambió la razón social para Veracel Celulose S.A. En 1999 se produjo la fusión de Stora con la empresa finlandesa Enso. En 2001, Aracruz Celulose, el gigante brasileño de la celulosa, compró la parte de Odebrecht y las acciones de Veracel quedaron repartidas en partes iguales entre Aracruz y Stora Enso.

En menos de una década, Veracel adquirió en la región 164,6 mil hectáreas de tierras, de acuerdo con los informes de la propia empresa. Para expandir aún más sus operaciones, Veracel lanzó un Programa de Fomento Forestal por el cual firmó acuerdos de plantación de eucaliptos con más de dos mil productores de la región. Programa dirigido, según Veracel, a “ampliar aún más los beneficios económicos, sociales y ambientales de esta asociación (…) en regiones carentes de oportunidades de desarrollo” (sic).

En 2003, Veracel anunció la inversión de 1.200 millones de dólares para la construcción, entre los municipios de Eunápolis y Belmonte, de una fábrica de celulosa, la mayor de su tipo en ese momento, con una producción de 900.000 toneladas y facturación de unos 530 millones de dólares anuales, 98 por ciento por concepto de exportación. La inversión provino un 45 por ciento de Veracel, 40 por ciento del Banco Nacional de Desarrollo de Brasil (BNDES) y el resto del European Investment Bank (EIB) y el Nordic Investment Bank (NIB).

Desde el principio el proyecto forestal-celulósico utilizó una profusa y costosa publicidad, local y nacional, en donde se prometían enormes beneficios ambientales, económicos y sociales para una región que parecía haber estado hasta entonces en la miseria. Desde el compromiso de preservar la Mata Atlántica y las plantaciones ecológicamente sustentables de eucaliptos, hasta las grandes inversiones sociales y la creación de 40.000 empleos, todo cabía en el maná de Veracel.

LULA Y SUS EQUILIBRIOS

En enero de 2005, en la primera entrega del préstamo del BNDES, el presidente Lula visitó la obra en construcción pero asistió también a un acto del Movimiento de los Sin Tierra (MST), en un campamento bautizado con su mismo nombre (conocido como “Lulão”), en donde se comprometió a entregar tierra a las familias desplazadas por Veracel.

“Iniciamos este campamento en el año 2000 con unas 800 familias, tuvimos problemas por la intervención de pistoleros y de la Policía Militar, que recibían dinero de los hacendados y de Veracel para que desalojaran a las familias”, relata Waldemar, uno de los dirigentes del MST. Los enfrentamientos generaron una fuerte dispersión pero en 2003 se lograron reorganizar y reunir a 1.200 familias.

En setiembre de 2005, repitiendo el itinerario, después de intervenir en el acto inaugural de la planta de Veracel, Lula participó en la entrega de títulos de tierra para 515 familias de ese campamento. “Aún con el asentamiento de estas familias, tenemos una gran migración en varios campamentos a la espera de tierra”, dice Waldemar. Unas 1.570 familias, asegura, siguen esperando hoy al borde de las carreteras.

Según el organismo oficial IBGE, el éxodo rural en el Extremo Sur de Bahía entre 1991 y 2002 llegó al 59,4 por ciento. Desaparecieron totalmente pequeños poblados como la Comunidad Agua Rosada, un caserío cuyo cementerio (rodeado por un alambrado e hileras de eucaliptos) es lo único que hoy sigue en pie, con un piadoso cartel de Veracel que advierte: “Acceso garantido a los familiares de los entes aquí sepultados.”

El MST ha invadido terrenos de Veracel: los ocupantes cortan o arrancan los eucaliptos y siembran frijoles y maíz. La situación suele resolverse a través de una negociación y posterior desalojo que algunas veces incluye la garantía de poder cosechar los alimentos plantados. El gobierno federal tiende a mediar porque, mientras el modelo económico expulsa al trabajador de la tierra, los reclamos del MST se sustentan en disposiciones legales y planes de reforma agraria oficiales.

En Brasil el cumplimiento de las leyes y la aplicación de la justicia constituyen un amplio campo de maniobra en donde los poderes fácticos tienen casi siempre la última palabra. “Nuestra justicia es de las más lentas. Ellos se aprovechan de esta lentitud y van implementando sus acciones”, dice João Alves Da Silva Neto, Promotor de Justicia de Eunápolis, refiriéndose a Veracel.

Las primeras plantaciones de eucaliptos sustituyeron la Mata Atlántica, el bosque originario de la región. En 1993, la Procuraduría de la República emprendió una acción civil contra Veracruz por arrasar centenares de hectáreas de Mata Atlántica. Veracel avanza en áreas agrícola-ganaderas más allá de los límites que fija la legislación local, pero ésta es ignorada o modificada en acuerdo con los gobiernos municipales y estadual.

Desde hace años, varias entidades civiles de la zona vienen denunciando irregularidades de las empresas forestadoras y de celulosa. En noviembre de 2005, luego de una audiencia pública, la Procuraduría exigió a Veracel el retiro de sus plantaciones en un radio de 10 kilómetros en las zonas de amortiguación de las Unidades de Conservación de los Parques Nacionales, de acuerdo con lo establecido por la ley brasileña.

El Ministerio Público tiene también acciones de “improbidad administrativa” contra directores de Veracel. Son acciones contra agentes públicos y contra aquellos que se benefician con los actos de improbidad de estos funcionarios. “Utilizan un gran tráfico de influencias. Los poderes ejecutivo y legislativo están en manos del poder económico, que presiona cada vez más para aumentar sus plantaciones”, afirma Alves Da Silva Neto.

“La administración pública debe tener como fin el interés mayor de la colectividad. Aquí no es así. Veracel ha pasado a ser el centro, ella dirige y administra incluso las actividades del municipio, de sus representantes”, concluye el Promotor de Eunápolis.

LA OTRA CARA DEL MARKETING

Las promesas de trabajo y bienestar de Veracel chocan con la desestructuración social y el hambre (ver recuadro) existentes hoy en la región. La empresa busca preservar su imagen pública, pero ya ha despertado en varias oportunidades indignación en la comunidad local.

El abandono del proyecto “Ser Criança”, que atendía a 100 niños del barrio Alecrín, provocó un fuerte debate público. “Luego de la venida de los técnicos del BNDES, a quienes se planteó que el proyecto era un éxito, la empresa decidió desmantelarlo porque ya tenía el aval del banco”, dice la maestra Erci Cerqueira. Los padres denunciaron que se vestía a los niños con ropas nuevas para recibir visitas y sacar fotos, pero luego se obligaba a devolverlas.

La merienda que recibían los niños en el proyecto atendía una necesidad básica del barrio, común a la periferia de Eunápolis donde se concentra la población emigrada del campo, sin posibilidades de empleo e ingresos muy bajos. La prensa local afirma que el “riesgo social” crece en la ciudad debido al incremento de asaltos, robos y otros delitos, así como el uso problemático de sustancias psicoactivas y la prostitución juvenil.

Al comienzo eran 40.000 puestos de trabajo, pero en 1994 los bajaron a 20.000. En enero de 2005, Veracel afirmó que la planta emplearía 10.000 trabajadores, igual cantidad que la contratada en la obra, y 3.000 más en tareas rurales. Pero en esa misma ocasión un directivo de Veracel confesó a la prensa que la planta al final sólo ocuparía a 380 personas, “con poca mano de obra de la región, debido a la falta de especialización”.

Una fuente adicional de desempleo en la región ha sido el cierre de aserraderos, fábricas de muebles y otras actividades que usaban la madera local. Veracel dijo que produciría madera para abastecer esta producción pero, simplemente, dejó de hacerlo. Ahora algunos aserraderos traen la madera de más lejos y otros tuvieron que cerrar.

Barrolandia, el poblado más cercano a la planta industrial, presentado como ‘ejemplo’ de las acciones de Veracel, tiene 38 por ciento de desempleo. La mitad de sus 5.000 habitantes reciben un salario mínimo o menos y el resto es más pobre aún. Los obreros del complejo residen en Eunápolis o en Porto Seguro. Contrasta en este cuadro la pulcra escuela que se levanta con el nombre de la Reina Cristina de Holanda. Otra de las contrapartes financieras de Veracel.

Y ADEMÁS… CONTAMINACIÓN

EL PEQUEÑO PRODUCTOR ganadero José Marinho Damaceno no podía imaginar que la descarga de efluentes de Veracel sería frente a su casa, al otro lado del río Jequitinhonha. “Son tres caños que llegan al medio del río y sube un olor muy fuerte, una catinga que se parece al repollo podrido. Y de vez en cuando se siente un golpe en la cañería, como una explosión, tan fuerte que usted salta de la cama”, explica. El olor produce dolor de cabeza e irritación en la vista y cada vez que viene debe abandonar su finca hasta que pase. Pero Damaceno ahora sabe que tendrá que dejar definitivamente el predio y vender como pueda su terreno.

El pez típico del Jequitinhonha, el róbalo, prácticamente, ha desaparecido, agravado esto por la construcción de una represa en la zona, que no le permite remontar el río para el desove. Como remedio, Veracel sembró otro pez, el pintado, que contribuyó a liquidar al róbalo pero que, ahora, también está desapareciendo. Organizaciones ambientalistas y sociales han manifestado su inquietud por los efluentes y las emisiones de la planta de celulosa que, suponen, utilizaría la tecnología ECF. No hay datos disponibles, sólo la empresa realiza sus controles, ningún órgano público fiscaliza lo que sucede.

HAMBRE

LA CASA DE Recuperación Nutricional SOS Vida Nuestra Señora del Amparo de Eunápolis hace 13 años que atiende hasta 50 niños con desnutrición grave. “Los niños llegan con un peso 50 a 60 por ciento inferior al normal. Permanecen de tres a ocho meses hasta salir del riesgo de vida”, explica la hermana Terezinha Biase, directora de esta casa. Las condiciones son iguales a las de otras zonas de hambre del mundo: barriga hinchada, la piel pegada al hueso y enfermedades. “Atendemos los municipios con más casos: Itabela, Guaratinga, Eunápolis y Porto Seguro, pero la mayoría es de Eunápolis”, agrega.

SOS Vida se financia a través de socios voluntarios y donaciones. “Cuando estamos muy apretados, organizamos una rifa, un festival o actividad que nos permita mantenernos”, acota Terezinha. La relación de la casa con otros servicios públicos resulta insólita. “Esta institución no encaja dentro de sus parámetros, dicen que no corresponde al área de salud, ni de acción social ni de educación. Pero nosotros tratamos el hambre y las consecuencias del hambre”, responde la directora. No reciben apoyo económico de ninguna empresa ni de Veracel en particular.

INDÍGENAS

DESDE 1999 LOS pataxó vienen luchando por la recuperación de sus territorios en el extremo sur de Bahía, ocupados anteriormente por madereras y desde los años 80 por plantadoras de eucaliptos. Según los pataxó el 30 por ciento de su territorio está ocupado por plantaciones de este tipo. Veracel –actualmente una de las mayores propietarias de territorio indígena en la región– ha buscado criminalizar a los pataxó apelando a su influencia política-económica y al resto de los hacendados de la zona.

La Fundación Nacional del Indio (FUNAI), órgano responsable de la política con los pueblos indígenas, ha demorado el procedimiento de demarcación. En la opinión del padre Adilson Rodriguez, miembro del Consejo Indigenista Misionero de la Iglesia Católica brasileña, “la FUNAI ha trabajado en forma tendenciosa con el fin de impedir que esas áreas ocupadas por el eucalipto sean recuperadas por los indígenas, a pesar de que varios pareceres de la FUNAI dicen que ese territorio es pataxó”. Como forma de protesta, los indígenas han ocupado áreas de Veracel y talado sus eucaliptos para exigir la devolución de sus territorios.

* esta investigación periodística fue posible gracias al apoyo del Grupo Guayubira (Uruguay) y el Centro de Estudos e Pesquisas para o Desenvolvimento do Extremo Sul da Bahia (CEPEDES) que desde 1991 desarrolla sus actividades en la ciudad de Eunápolis.