Plantaciones de árboles

El grupo Guayubira durante años ha cuestionado las plantaciones de eucaliptus y pinos a gran escala en Uruguay, denunciando sus impactos ambientales, sociales y económicos, tales como:

  • cambios en la estructura y composición de los suelos, de difícil reversión,
  • disminución del rendimiento hídrico de las cuencas,
  • disminución drástica de la disponibilidad de agua superficial y subterránea en las zonas donde se implantan,
  • desaparición de especies de flora y fauna nativas debido a la sustitución de habitats naturales por plantaciones,
  • impactos sobre las producciones agropecuarias circundantes, tanto por el agotamiento del agua como por la aparición de plagas,
  • condiciones laborales de semi-esclavitud en la forestación,
  • incremento del despoblamiento rural,
  • extranjerización y latifundización de la tierra, que pasa a manos de grandes empresas transnacionales,
  • instalación de plantas de procesamiento de celulosa, agregando nuevos impactos negativos sobre aire, agua, suelo, flora y fauna, además de los relacionados con lo social y económico,
  • el pueblo uruguayo ha subsidiado a las empresas forestadores en Uruguay, pagando alrededor de 400 millones de dólares en estos años.

La legislación vigente desde 1987 promueve la forestación exclusivamente con un reducido número de especies exóticas, lo que se traduce en vastas superficies de monocultivos de árboles que no sólo no contribuyen a la biodiversidad sino que, por el contrario, afectan tanto al monte como a otros ecosistemas naturales ricos en biodiversidad.

Uruguay, país predominantemente de praderas, asiste a la transformación de parte de éstas en plantaciones monoespecíficas de eucaliptos y pinos, destinadas fundamentalmente a la exportación. Este proceso se basa en una serie de estímulos que hacen rentable esta actividad forestal, a través de la canalización de importantes sumas de dinero hacia los productores forestales (subsidios, exoneraciones impositivas, créditos blandos, infraestructura vial, etc.), que son pagados por el conjunto del pueblo uruguayo.

 


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