| Los
supuestos beneficios de las plantas de celulosa
¿VERDADEROS
O FALSOS?
bajar
el archivo en formato word
En Uruguay está ocurriendo algo inédito en la historia
del país: tres empresas de celulosa (la española Ence, la
finlandesa Botnia y la sueco-finlandesa Stora-Enso) están llevando
a cabo una gran campaña, con una fuerte inversión en tiempo
y dinero, para influenciar en su favor a toda la población. El
objetivo de esa campaña es claramente el de intentar apoyo social
y político para la instalación de sus plantas de celulosa
y a tales efectos se han centrado en publicitar los supuestos beneficios
que significarían para el país y su gente y en minimizar
sus posibles impactos negativos.
Por esa razón, el Grupo Guayubira consideró necesario analizar
detenidamente cada uno de esos supuestos beneficios, como forma de aportar
una visión más realista al tema, que posibilite tomas de
posición más fundadas al respecto.
Contenido:
Supuesto 1
La instalación de plantas de celulosa generará
empleos
Supuesto 2
La industria celulósica no desplazará
otras fuentes de empleo
Supuesto 3
Las empresas invertirán 1.500 millones de
dólares, suma jamás vista en nuestro país
Supuesto 4
Aumentará la recaudación de impuestos
Supuesto 5
La opción es entre exportar troncos y chips
o exportar celulosa
Supuesto 6
Las Plantas de Celulosa resolverían qué
hacer con la madera ya existente
Supuesto 7
Es necesario producir más papel
Supuesto 8
Las modernas plantas de celulosa no contaminan
Supuesto 9
El Estado controlará
Supuesto 10
La instalación de las plantas de celulosa
mejorará las condiciones de vida de la población de la zona
Supuesto 1
La instalación de plantas de celulosa
generará empleos
Cada una de las dos empresas de celulosa que proyectan instalarse en nuestro
país –la española Ence y la finlandesa Botnia- promete
300 puestos de trabajo en cada planta. Si lo medimos desde el punto de
vista de la eficiencia, observamos que entre las dos plantas habrá
una inversión de alrededor de mil quinientos millones de dólares,
que resultará en la creación de tan sólo 600 puestos
de trabajo. Es decir, que para generar cada empleo se requerirán
nada menos que US$2.500.000. A su vez, la propia empresa Botnia ha facilitado
información donde se desglosan los 300 puestos de trabajo y allí
se observa que sólo habrá 8 puestos de trabajo para quienes
apenas hayan terminado primaria. Es decir, que los más necesitados
serán quienes no conseguirán trabajo en esa empresa.
Por otra parte, las propias empresas se jactan de que con pocos operarios
se realizan todas las tareas. Al respecto, al referirse a la planta de
última tecnología instalada en la ciudad de Rauma, en Finlandia,
Botnia dice que “desde la sala de control un grupo de no más
de ocho operarios monitorea a través de cámaras y software
especializado, todo el funcionamiento de la planta…”
Con respecto a la calidad de dichos empleos, como uruguayos, como parte
del tercer mundo, no podemos confundirnos y creer que vamos a disfrutar
de las mismas condiciones de los trabajadores de España o Finlandia.
En ese sentido, cabe recordar que para justificar las bondades de la forestación
nos dijeron que dicha actividad iba a generar muchos puestos de trabajo.
Hemos comprobado, por un lado, que las plantaciones ocupan menos trabajadores
por hectárea que la ganadería extensiva (Censo Agropecuario
2000) y por otro lado, que los trabajadores forestales se encuentran entre
los peor pagos y entre los que trabajan en peores condiciones. Además
de dejar a los trabajadores librados a la suerte de contratistas y subcontratistas,
la mayoría trabaja “en negro”, es decir, que no genera
derecho alguno por las labores desarrolladas.
Es importante señalar que ninguna de las dos empresas que intentan
ahora instalar plantas de celulosa constituye una excepción a la
regla. En efecto, la empresa Forestal Oriental –de propiedad de
Botnia- ni siquiera permite la sindicalización de sus trabajadores.
A su vez, los trabajadores de la empresa Eufores –cuya propietaria
es Ence- han visto sus salarios reducidos a la mitad y cuando sus trabajadores
se organizan, los presionan de diversas maneras, creando inseguridad al
transferirlos de un lugar de trabajo a otro u ofreciéndoles sumas
importantes para que se vayan.
Por otra parte, tenemos el ejemplo muy cercano de Chile, con una larga
y triste historia en materia de plantaciones y plantas de celulosa. Al
respecto, resulta ilustrador el informe de una investigación llevada
a cabo por la Economista Consuelo Espinosa, investigadora de la Fundación
TERRAM de Chile. El mismo se titula "Evaluación de los impactos
de la producción de celulosa". El trabajo plantea que específicamente,
en la industria de celulosa, se ha evidenciado una continua capitalización,
es decir, una creciente sustitución del factor trabajo por capital.
Esto implica que por cada unidad adicional de producto elaborado se utiliza
cada vez menos mano de obra. Es decir, que la industria genera cada vez
menos empleos.
Más importante aún, el estudio menciona que al analizar
los niveles de pobreza en las regiones forestales, específicamente
donde están instaladas las plantas de celulosa y donde se registran
las mayores extensiones de plantaciones, se evidencia que éstas
albergan los mayores índices de pobreza del país. Asimismo,
al analizar los niveles de pobreza a escala comunal, se puede observar
que en aquellas comunas donde se encuentran ubicadas plantas de celulosa,
la tasa de pobreza (pobres e indigentes) entre 1994 y 1998 aumentó
promedialmente más de un 29%.
Es decir, que la realidad chilena –con plantaciones parecidas a
las existentes en Uruguay y con modernas plantas de celulosa- demuestra
en hechos concretos que tanto las plantaciones como las plantas de celulosa
conexas no solo no mejoran el empleo, sino que generan niveles de pobreza
e indigencia superiores a los de áreas sin dichas plantas industriales.
Frente a esa realidad ¿cómo es posible creer que las cifras
que manejan las empresas sean ciertas? Si fuéramos a confiar en
las afirmaciones de los directivos de Ence y Botnia, la población
entera de Fray Bentos no alcanzaría para cubrir los puestos de
trabajo que prometen. En efecto, según palabras vertidas en Comisión
de Diputados el 25 de noviembre de 2002 por parte del Ing. Ind. Químico
Pedro María de la Vega, directivo de Ence, los llamados “empleos
inducidos” llegarían a la cifra de 16.000 personas. Un directivo
de la misma empresa, el Sr Pedro Blanquer, aumentó esa cifra en
4.000 empleos más en la Comisión de la Cámara de
Senadores, elevándola a 20.000.
Por su parte la empresa Botnia, respondiendo a preguntas que se le plantearon
en el 2º Foro realizado en Fray Bentos, dice que “el proyecto
genera directa o indirectamente 8.000 puestos de trabajo cuando la planta
esté en operación”, agregando que “aproximadamente
3.000 de ellos estarán en el departamento de Río Negro”.
Las cifras obviamente no cierran. ¿Cómo puede una planta
la mitad de grande que la otra generar más del doble de empleos?
(Ence habla de 16.000 a 20.000 y Botnia de 8.000). Pero más interesante
aún es que, si bien esta última aclara que sólo unos
3.000 estarán en Río Negro, no dice cuantos serían
en Fray Bentos. El tema se complica más aún con las estimaciones
de la representante de Botnia en Uruguay, quien dice que los "empleos
indirectos" serán 2.700. Sin embargo, cuando explica esa cifra
incluye los empleos en cosecha, plantación, vivero, transporte
y "otros rubros que hacen a una empresa de celulosa". Sin embargo,
esos empleos (de ser ciertos), se generarían independientemente
de la instalación de la planta de celulosa, simplemente haciendo
lo que ya se está haciendo: producir plantas, plantar, cosechar,
transportar y embarcar los troncos con destino a España y Finlandia.
Por otro lado, hasta la cifra máxima de 8.000 empleos de Botnia
se contradice con el "Estudio del impacto socio-económico
del Proyecto Planta de Celulosa Botnia S.A. en Uruguay" (mayo 2004),
cuyas cifras totales de empleos oscilan entre 2.000 en el año 2005
y 4.300 en el año 2016.
En definitiva, las estimaciones de empleos vinculados a las plantas de
celulosa no se basan en estudios serios realizados al respecto y quienes
las publicitan no aportan evidencia concreta de dónde y cómo
se generarán. Frente a esas especulaciones se yergue la dura realidad
chilena, con sus niveles de pobreza e indigencia incrementados luego de
la instalación de plantas de celulosa.
Supuesto 2
La industria celulósica no desplazará
otras fuentes de empleo
Parece poco creíble sostener que una actividad como la producción
de celulosa, que resulta en malos olores, contaminación hídrica,
aérea y acústica no vaya a tener impactos sobre otras fuentes
de empleo, en particular aquellas vinculadas al sector turístico.
En este sentido, es importante traer a colación los impactos producidos
por Ence en Pontevedra, que la planta planeada por Botnia es mucho más
grande que cualquiera de las que tiene en su propio país y que
los impactos de ambas se sumarían en un impacto mucho mayor.
En un estudio llevado recientemente a cabo en Fray Bentos por el CIESU
(Centro de Informaciones y Estudios del Uruguay), se constató que
en los últimos 12 meses (julio 2003-julio 2004), el 15% de los
encuestados trabajó en el sector turístico (12% en Las Cañas).
Esos porcentajes implican un promedio de 1275 personas, que para una ciudad
como Fray Bentos (con una población económicamente activa
de 8500 personas) es una cifra muy importante. Resulta evidente que la
sola existencia de malos olores –sin contar la posible contaminación
de las aguas del río Uruguay- podría provocar una huida
de turistas, con la consiguiente pérdida de empleos. Al hablar
entonces de los 600 empleos que generarían las dos plantas juntas,
habría que tener claro que un número similar o superior
de empleos podrían perderse en el sector turístico.
A lo anterior se suma que el radio de impacto de los malos olores puede
llegar a los 60 kms (como en el caso de la ciudad de Valdivia en el sur
de Chile, afectada por los olores de una planta de celulosa ubicada a
54 kms de distancia), por lo que también se podrían ver
afectadas las recientemente desarrolladas y promocionadas estancias turísticas.
Otra producción que podría ser gravemente afectada es la
apicultura. No creemos que sea casual que entre las condiciones impuestas
a Ence por la DINAMA se encuentra la de "proponer un seguimiento
del impacto sobre la producción apícola y comportamiento
a través de la instalación de apiarios (de al menos veinticinco
colmenas cada uno) instalados en un área testigo, en la zona del
punto de máximo impacto, y dentro del área de influencia)
así como realizar el seguimiento de presencia de contaminantes
en todos los productos de la colmena". Es decir, que la DINAMA considera
que las emanaciones de la planta podrían ser peligrosas para las
colmenas y para la miel. Además de los riesgos de mortandad de
abejas, la producción melífera correría riesgos en
mercados de exportación europeos, que ya aseguraron rechazarán
la miel por contener elementos tóxicos provenientes de las plantas
de celulosa, marcando un radio preventivo de unos 100 km a la redonda.
Otro rubro importante en la zona es la lechería, que genera puestos
de trabajo en un 80% por sobre los generados en la forestación.
Esta afirmación la hacemos según datos concretos de un profesional
que asesora varios establecimientos del rubro y que además compara
su información con los datos del Censo Agropecuario del año
2000, que coinciden.
También podrían verse afectadas la pesca (por mortandad
o contaminación de peces) y la agricultura orgánica.
En síntesis, la generación de los ya famosos 600 empleos
podría terminar en un balance netamente negativo en materia de
puestos de trabajo para la gente de la zona, agravado por el hecho de
que muchos de esos empleos –en particular los más técnicos-
serían ocupados por gente de fuera del departamento e incluso del
país.
Supuesto 3
Las empresas invertirán 1.500 millones
de dólares, suma jamás vista en nuestro país
Lo primero a señalar es que esa suma jamás será vista
en el país. La razón es muy sencilla: la mayor inversión
es en la maquinaria y los equipos, que no son fabricados en nuestro país.
Por lo tanto, varios cientos –o quizá más de 1000-
millones de dólares nunca van a llegar a Uruguay, sino que quedarán
en los países que les vendan la maquinaria y los equipos requeridos.
Esto fue reconocido por el Economista Ernesto González Posse en
el 2º Foro organizado por Botnia en marzo de 2004, quien dijo que
"nuestras estimaciones son que el 20% de los costos de inversión
son de proveedores domésticos …". En otras palabras,
que la inversión real en Uruguay de ambas plantas sumadas será
de 300 millones, en tanto que los 1.200 millones restantes (correspondientes
al 80% de las inversiones que vienen del extranjero y vuelven al lugar
de origen ) nunca beneficiarán al país.
Por otra parte, llama la atención que empresas aparentemente tan
sólidas y dispuestas a hacer inversiones tan grandes insistan en
pedir todo tipo de ventajas, sin las cuales dicen no poder instalar sus
plantas. En ese sentido, no entendemos:
a) la razón de que ambas empresas estén gestionando la financiación
por parte de nuestras AFAPs, cuyos fondos podrían destinarse a
desarrollar actividades para las que escasean los capitales
b) que sigan pidiendo en forma permanente exoneraciones impositivas, mientras
a los empobrecidos ciudadanos de este país se nos siguen cobrando
todos los impuestos
c) que exijan la habilitación de una zona franca, que sería
una forma disfrazada de subsidio, que también resultaría
en el no pago de impuestos
d) que una de ellas (Botnia) se haya beneficiado con la firma de un "Acuerdo
con el Gobierno de la República de Finlandia relativo a la promoción
y protección de inversiones", por el que se le asegura que
en caso de que sufra pérdidas "por causa de guerra u otros
conflictos armados, estado de emergencia nacional, revuelta, insurrección
o manifestaciones" (énfasis agregado), el Estado uruguayo
se compromete a resarcirla por las pérdidas que ello le pudiere
ocasionar.
Hasta ahora todos los uruguayos hemos pagado de nuestros bolsillos los
subsidios y la exoneración de impuestos del sector forestal, algunos
de cuyos beneficiarios fueron precisamente estas dos empresas. ¿Por
qué tenemos ahora que subsidiar también sus emprendimientos
industriales? ¿Por qué no usan los cientos de millones de
dólares que dicen van a invertir?
Supuesto 4
Aumentará la recaudación de impuestos
Lo cierto es que las dos empresas están activamente buscando mecanismos
para pagar la menor cantidad de impuestos posible.
En ese sentido, los directivos de una de las dos empresas (Ence), han
planteado reiteradamente la necesidad de que el gobierno les otorgue un
"marco legal o fiscal adecuado". Es así que el señor
Pedro Blanquer, Director de la División Celulosas de ENCE y Presidente
de Celulosas de M’Bopicuá planteó en 2002 en la Comisión
de Medio Ambiente del Senado la necesidad "de una financiación
adecuada", que "se conseguirá sólo si el marco
fiscal que podamos conseguir en su momento -que solicitaremos del Gobierno
uruguayo- es el adecuado". El mismo planteamiento fue hecho el mismo
año en la Comisión de Medio Ambiente de Diputados por otro
directivo de Ence (el Ing. de la Vega), al decir que "tendremos que
hablar con los legisladores de Uruguay para buscar un marco económico
y fiscal a efectos de poder seguir adelante con este proyecto".
Por otro lado, tanto Botnia como Ence ya han presionado para que se las
autorice a instalarse en zona franca, lo que implicaría cuantiosas
exoneraciones impositivas. En julio de 2004, hablando en Finlandia ante
un grupo de periodistas uruguayos invitados por Botnia, uno de los principales
directivos de la empresa (Timo Karinen) advirtió que "En Uruguay
si no hay una exención impositiva el proyecto no es viable".
Al respecto, es interesante ver lo que dicen algunos artículos
de la Ley Nº 15.921 de Zonas Francas:
"Artículo 19.- Los usuarios de las zonas francas están
exentos de todo tributo nacional, creado o a crearse, incluso de aquellos
en que por ley se requiera exoneración específica, respecto
de las actividades que desarrollen en la misma.
Artículo 22.- Los bienes, servicios, mercancías y materias
primas introducidos en las zonas francas y los productos elaborados en
ellas, podrán salir de las mismas en cualquier tiempo, exentos
de todo tributo, o cualquier otro instrumento de efecto equivalente, gravámenes
y recargos creados o a crearse, incluso aquellos en que por ley se requiera
exoneración específica cualquiera fuera su naturaleza".
En otras palabras, los emprendimientos instalados en zonas francas están
exentos de todo tributo nacional, creado o a crearse, incluso aquellos
cuya exoneración legal requiera de una autorización específica.
Dentro de esta exoneración de carácter general y amplio,
se comprende al Impuesto a las Rentas de la Industria y Comercio (IRIC)
y el Impuesto al Patrimonio (IP). En relación al IRIC se excluye,
sin embargo, a los dividendos y utilidades pagados o acreditados a personas
del exterior cuando se encuentren gravadas en su país de origen
y exista crédito fiscal por el impuesto que abonaren en Uruguay.
La existencia de las exenciones aduaneras y fiscales antes descritas,
transforman a las zonas francas uruguayas en verdaderos paraísos
fiscales. Esto significa que el Estado uruguayo no recaudará prácticamente
nada en caso de que acceda al pedido de las empresas.
Supuesto 5
La opción es entre exportar troncos
y chips o exportar celulosa
Frente a quienes están preocupados viendo como la madera es cargada
en barcos como troncos o como "chips", es importante decir que
el Grupo Guayubira también está preocupado, pero que opina
que la celulosa es la peor opción entre las alternativas posibles.
Al respecto, el Grupo Guayubira ha planteado y difundido oportunamente
alternativas para la utilización de la madera ya existente y hemos
llamado y llamamos a una discusión nacional sobre el tema.
Una de las posibles alternativas es el desarrollo de una industria integrada
de la madera, orientada tanto hacia el consumo interno como hacia la exportación.
Ella incluiría aserraderos, plantas de laminado, fabricación
de tableros de fibra o aglomerados, fabricación de parquet, mueblerías,
carpinterías y toda la gama posible de actividades industriales
con base en la madera. Todo el sector podría ser activado a nivel
nacional si se diseñaran viviendas de madera para atender las necesidades
de las miles de personas que hoy se alojan en viviendas precarias en los
barrios marginales de todas las ciudades y pueblos del país.
Los capitales necesarios para esos tipos de actividades industriales son
infinitamente menores a los requeridos para las plantas de celulosa, por
lo que podrían ser encaradas por capitales nacionales. Por otro
lado, generarían muchos más empleos estables que las plantas
de celulosa y sus posibles impactos ambientales podrían ser reducidos
a su mínima expresión.
Al mismo tiempo, el desarrollo de la industria de la madera podría
complementarse con la promoción del uso de la leña como
combustible industrial, comercial y residencial, tal como el país
lo hizo exitosamente durante las crisis energéticas de los años
70 y 80. Tal opción parece evidente a la luz de la crisis energética
de 2003-2004, cuando las centrales hidroeléctricas no tienen suficiente
agua para producir energía y cuando existen denuncias de que la
Central Batlle produce electricidad en base a fuel oil a un costo muy
elevado. La leña está allí y el país cuenta
con la suficiente experiencia al respecto.
En resumen, la celulosa no es la mejor opción y para gran parte
de las actuales plantaciones ni siquiera es una opción, por estar
ubicadas muy lejos del posible emplazamiento de las plantas. Las opciones
reales las deberemos tomar los uruguayos, acordando una política
de uso de las actuales plantaciones, que devuelva a la gente lo que la
sociedad uruguaya en su conjunto aportó –en forma inconsulta-
para el establecimiento de las mismas.
Supuesto 6
Las Plantas de Celulosa resolverían
qué hacer con la madera ya existente
Lo primero a resaltar es que –en caso de instalarse- estas empresas
no usarían madera de plantaciones ubicadas a distancias donde los
costos de transporte aumenten sustancialmente el costo de la materia prima.
Es por ello que ya están comprando más tierras en las inmediaciones
de Fray Bentos y ellas mismas han declarado que van a necesitar forestación
adicional. Es decir, que gran parte de la madera de esas 600.000 hectáreas
plantadas no va a tener como destino final la producción de celulosa
en el país.
El resultado final de la instalación de plantas de celulosa sería
entonces la consolidación y expansión aún mayor de
un modelo de monocultivos forestales a gran escala que genera importantes
impactos ambientales y agrava el éxodo rural.
Es importante señalar, por un lado, que legalmente las empresas
pueden plantar en cualquier tipo de suelo (haya sido o no declarado "de
prioridad forestal"). Por otro lado, los llamados "suelos de
prioridad forestal" han sido falsamente presentados como de baja
productividad agrícola-ganadera. En realidad, la productividad
de esos suelos sólo ha sido medida en términos de producción
de carne y lana (índice CONEAT bajo) y no de producción
agrícola. Pero en todos los casos son suelos capaces de producir
alimentos o de sustentar una producción forrajera que sea, a su
vez, alimento para el ganado.
Entonces, lo más preocupante que implicaría la consolidación
de este modelo forestal sería la ampliación de las áreas
forestadas hacia más tierras aptas para la producción alimentaria,
las que –obviamente- resultan excelentes para el crecimiento de
los árboles. Más grave aún, implicaría que
–en aras de seguir abatiendo costos- se seguiría plantando
en las tierras más cercanas a las instalaciones fabriles, donde
se encuentran algunas de las mejores tierras del país (Río
Negro, Paysandú, Soriano).
Supuesto 7
Es necesario producir más papel
Cuando se piensa en papel, generalmente se piensa en libros, cuadernos,
información escrita. Sin embargo, la mayor parte de la celulosa
que se produce termina en cartón para empaquetado, papel de embalaje
y papeles descartables.
La realidad muestra que la mayor parte del papel que se produce nunca
estuvo destinada a satisfacer reales necesidades humanas, sino a crear
niveles de consumo innecesarios que aseguran la rentabilidad de la industria
de la celulosa y el papel. Sin embargo, la industria alimenta el mito
de identificar al alfabetismo con el consumo de papel. Las cifras mundiales
al respecto desmienten esta afirmación repetida una y mil veces.
Usando como ejemplo los tres países involucrados en este emprendimiento
celulósico, las cifras resultan más que elocuentes: Mientras
la población de España (país de origen de Ence) y
la de Finlandia (país de origen de Botnia) tienen un 99% de alfabetización,
Uruguay llega al 97,7%. Es decir, que la diferencia no es muy grande en
ese sentido. Entonces, ¿cómo se explica que el consumo anual
de papel en Uruguay sea de unos 40 kilos per cápita mientras que
el de España alcanza los 167 kilos y el de Finlandia (campeón
mundial en la materia) trepa a 430 kilos también per cápita?
Dado que en Uruguay no se percibe ninguna escasez de papel, cabe preguntarse
por qué tenemos que exportar celulosa para que los finlandeses
y los españoles sigan consumiendo esas cantidades enormes de papel.
Y que quede claro: la celulosa a producirse no va a terminar en cuadernos
para niños de escuela uruguayos, sino que se va a exportar.
Supuesto 8
Las modernas plantas de celulosa no contaminan
La industria de la celulosa tiene una larga historia de contaminación
en el mundo y particularmente en los países industrializados. Si
bien es cierto que algunas empresas han introducido mejoras en sus procesos
industriales en los últimos tiempos, también es cierto que
ello ha sido producto de la larga y dura lucha de la sociedad civil y
no de decisiones voluntarias adoptadas por la industria.
Entonces, como en sus propios países se ha demostrado que se puede
mejorar y como además se ha demostrado que la recuperación
de los recursos naturales contaminados es muy costosa en dinero y en tiempo
requerido, las normativas ambientales de esos países se han tornado
muy exigentes a la hora de autorizar la instalación de una nueva
planta, lo que conlleva altísimos costos. Esas mismas empresas
saben que en países como el nuestro esos costos se pueden abatir
sustancialmente: tierra y mano de obra baratas, crecimiento rápido
de los árboles, acceso ilimitado al agua de nuestro río
Uruguay y, por sobre todo, que los controles ambientales serán
mucho más laxos que en sus países de origen.
Lo cierto es que la mayoría de las plantas de celulosa emiten fuertes
olores a causa de los compuestos de azufre. El olor penetrante de estas
sustancias ha sido reconocido por largo tiempo como un problema ambiental.
Pero sólo recientemente los estudios epidemiológicos han
evidenciado los posibles efectos en la salud humana como consecuencia
de la exposición a estos compuestos a niveles comúnmente
presentes en las proximidades de una planta de celulosa.
Nada menos que un estudio finlandés (Estudio de la Contaminación
del Aire de Karelia del Sur) muestra que la exposición a compuestos
malolientes del azufre aumenta el riesgo de infecciones respiratorias
agudas. Este estudio reafirma la evidencia de que la exposición
a largo plazo aumenta los síntomas del tracto respiratorio con
niveles de exposición mucho más bajos de los que podría
esperarse tomando en cuenta los conocimientos actuales de la toxicología
de estos compuestos.
Cabe traer a colación el Convenio de Estocolmo que Uruguay acaba
de ratificar y que se encuentra en vigencia. En él se plantea la
eliminación de los llamados Contaminantes Orgánicos Persistentes,
entre los que se encuentran las dioxinas y furanos. De acuerdo con la
DINAMA, la planta prevista de Ence emitiría tales sustancias a
un nivel "sin duda muy superior a la emisión total actual
del sector" (fábricas de celulosa y papel) e implicaría
"un aumento del 1% en la emisión atmosférica total
estimada para todas las actividades a nivel nacional consideradas".
Es decir que sólo con la instalación de la planta de Ence,
Uruguay ya estaría violando el Convenio de Estocolmo (al aumentar
las emisiones de lo que se comprometió a reducir y eliminar: dioxinas
y furanos). A ello se agregaría la planta de Botnia, el doble del
tamaño de la de Ence.
Por otra parte, las plantas de celulosa utilizan enormes cantidades de
agua. La demanda de agua fresca puede dañar los hábitats
cercanos a las plantas de celulosa, reduce los niveles de agua y cambia
la temperatura del agua, ambos factores ambientales críticos para
la vida en el medio acuático. Si bien los efluentes líquidos
son mucho menos tóxicos que hace diez años, aún siguen
conteniendo elementos tóxicos, tanto para la vida acuática
como para los seres humanos. Además, siempre está presente
el riesgo de accidentes reales o vertidos intencionales que, debido a
las enormes dimensiones de estas plantas pueden resultar en la contaminación
de cursos de agua completos, con los consiguientes daños para las
poblaciones aledañas y para la flora y fauna acuáticas.
Otro elemento con el que se pretende manipular a la opinión pública
local es el que dice que el volumen de los desechos municipales es enorme
y no se dice nada. La respuesta obvia es que una cosa mal hecha no justifica
que otra igual o peor también se pueda hacer. Pero además
hay que tener presente que no se pueden medir de la misma manera los desechos
municipales que los de una actividad industrial, ya que estos últimos
no tienen la capacidad de biodegradarse como sí la tienen los municipales.
Podemos entender –aunque no compartir- la visión de personas
que dicen “prefiero morir contaminado antes que morir de hambre”.
Nadie debería estar en esa terrible disyuntiva de tener que elegir
entre dos tipos de muerte en un país con enormes recursos alimenticios
como el nuestro. El gobierno debe asegurar que la gente no tenga que optar
por ninguna de ellas y debe asegurar empleo y ambiente sanos para toda
la población. Pero además, nada puede asegurar que además
de no conseguir empleo, mucha gente se pueda ver afectada en su salud
y terminar muriendo de enfermedades vinculadas a la producción
de celulosa. El Convenio de Estocolmo ya mencionado no está en
vigencia por capricho. Está en vigencia porque ya se conocen los
impactos negativos de los "contaminantes orgánicos persistentes"
(entre los que se cuentan las dioxinas y furanos que emiten las plantas
de celulosa) y se pretende llegar a su eliminación. Ese tipo de
contaminación ni se ve ni se huele, pero está presente en
el ambiente y afecta la salud de la gente al irse bioacumulando a través
de la cadena alimenticia, es decir que se incorpora a los tejidos grasos
de los distintos animales comestibles, pudiendo llegar a la especie humana.
Esto significa que la contaminación permanece por un muy largo
tiempo.
Supuesto 9
El Estado controlará
Resulta difícil confiar en que el Estado vaya a poder controlar
a dos empresas como éstas. Por un lado, hay que tener en cuenta
que para realizar controles reales y estrictos, no sólo se precisa
la capacitación de personal idóneo, sino que además
se requiere disponer de una adecuada infraestructura en equipos que midan
los contaminantes. Resulta impensable alcanzar este objetivo en un mediano
plazo en nuestro país dado que, por ejemplo, un solo equipo para
medir dioxinas cuesta alrededor de 300 mil dólares. A ello se agrega
que habría que controlar los efluentes líquidos y las emisiones
aéreas de dos gigantescas plantas que funcionarían las 24
horas del día.
Pero además, cabe preguntarse qué pasaría si se constataran
violaciones en materia de emisiones. ¿Se aplicaría una multa?
¿Dos multas? ¿Se clausuraría la planta? Basta ver
lo que ha pasado con las plantas de Ence en España o con la chilena
con tecnología finlandesa en Valdivia, para darse cuenta que estas
plantas jamás son clausuradas, por más contaminación
que produzcan.
Supuesto 10
La instalación de las plantas de celulosa
mejorará las condiciones de vida de la población de la zona
Si la expresión fuera "cambiará las condiciones de
vida", la frase tendría sentido.
Por cierto que el malestar agobia a la población de casi todo el
planeta. Nuestros pueblos del sur son empujados por mecanismos comerciales
y financieros internacionales al empobrecimiento y la marginación,
seducidos por el modelo consumista y con la frustración de no alcanzar
el éxito propagandeado por los medios masivos.
No obstante, las condiciones ambientales en que viven los habitantes de
Fray Bentos son miles de veces mejores que las de muchas ciudades europeas.
La calidad del aire, la calidad del agua, las condiciones acústicas,
el paisaje...
Las empresas celulósicas ganas tendrían, pero no se atreven
a decir que el río mejorará, que el aire será más
respirable, que disminuirán los ruidos diarios, que habrá
menos riesgos de "accidentes", que habrá menos afecciones
pulmonares o incidencias de cáncer a lo largo de los próximos
cuarenta años.
Calidad de vida es esencialmente eso y eso empeorará; poco, según
ellos, mucho según la experiencia. Pero no es sólo eso.
La construcción de las plantas tendrá impactos migratorios.
Supongamos cierto y positivo que la construcción demandará
durante un par de años unos miles de obreros de la construcción.
Obviamente, en estos tiempos, si hay oportunidades de trabajo, vendrán
de todos los pueblos de la región, incluso argentinos, brasileños,
paraguayos, bolivianos. Mayoritariamente la mano de obra demandada será
masculina. ¿Impactará esto en las condiciones de vida de
la población lugareña? ¿Querrá y/o podrá
el estado uruguayo, brindar los necesarios servicios financieros, de seguridad,
transporte, educación, salud, etc.? Seguramente el sector privado
sí será presto en brindar, por ejemplo, un eficiente servicio
de burdeles y cabarets. Sin ponerse en puritanos o puritanas... ¿mejora
esto las condiciones de vida?
Muchos trabajadores traerán sus familias. ¿Qué será
de ellas cuando la obra haya finalizado? Como ejemplo basta ver a Concordia,
tras la construcción de la represa de Salto Grande, que prometía
el desarrollo perpetuo ante el desborde industrial por la energía;
hoy es una de las ciudades más difíciles de Argentina, con
crecientes niveles de desocupación, violencia y desintegración
social.
Es cierto que habrá en Fray Bentos algunos centenares de familias
con altos ingresos, no sólo de quienes trabajen en las plantas
sino en bancos, empresas contratistas y una nada despreciable (aunque
despreciable) cantidad de proveedores de drogas, especuladores y contrabandistas,
que por cierto incrementarán la economía de la región.
El "efecto multiplicador" de que nos hablan los economistas.
¿Mejora esto las condiciones de vida?
La instalación de las plantas cambiará las condiciones de
vida de los fraybentinos, la región y las futuras generaciones.
Será un antes y un después por la escala gigantesca de estos
emprendimientos. Corresponde pensarlo ahora.
Hay otras alternativas: una sociedad integrada como la nuestra, pacífica,
educada, en una región agroecológica privilegiada como ésta,
no sólo puede revertir la pobreza hoy imperante, garantizando alimentación,
cobijo y comunidad, sino que puede dar continuidad a su identidad cultural
e insertarse en el mundo desde la producción de alimentos sanos,
por ejemplo.
Tenemos las tierras, tenemos las manos, tenemos el agua y el aire más
limpios del planeta, tenemos la juventud de un pueblo joven. Todavía.
Elaborado en octubre de 2003, actualizado en julio
de 2006.
|