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| NOTA DE PRENSA Carta de protesta al Presidente José Luis Zapatero por el apoyo del gobierno y de entidades financieras españolas al proyecto de ENCE en Uruguay Más de 70 organizaciones de la sociedad civil en Uruguay y el Estado español protestan ante el Gobierno español por el financiamiento con fondos públicos y mediante entidades financieras españolas de una planta de celulosa de ENCE en Uruguay, al tratarse de un proyecto que implica graves impactos sociales y ambientales. Montevideo, Barcelona, Madrid, 14 de abril de 2008 Mientras en Uruguay organizaciones sociales, ambientales y productores rurales -rechazan la instalación de una planta de celulosa de la empresa española ENCE en Punta Pereira (Colonia, Uruguay), en el Estado español, varias entidades financieras autorizaron créditos apoyando el nuevo proyecto de ENCE. En efecto, para el financiamiento de esta planta, ENCE firmó a principios del mes de abril de 2008 un crédito sindicado con el BBVA, la Caja Madrid, el Banco Sabadell, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y Banesto. Estas entidades participan como directoras y aseguradoras, mientras que la Caixa General de Depósitos actúa como mandatario. El crédito tiene un importe de 1.075 millones de euros, de los cuales 690 millones de euros serán destinados a la construcción y el abastecimiento de la planta de ENCE en Uruguay. Por otra parte, la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE) evalúa desde el mes de octubre apoyar el proyecto con fondos públicos. Se trata de un financiamiento totalmente irresponsable debido a los importantes impactos sociales, económicos y ambientales que representa el proyecto de ENCE. Cabe recordar que organizaciones de distintos puntos de Uruguay se presentaron el 1 de abril en una Audiencia Pública --organizada por el gobierno uruguayo para que la empresa española presentase su proyecto a la población-- para manifestar su total oposición a la instalación de una fábrica de celulosa. En efecto, tras un exhaustivo examen del estudio de impacto ambiental presentado por ENCE, las organizaciones y grupos uruguayos concluyeron que éste era no solamente incompleto, pero que además contaba con graves errores metodológicos, al considerar únicamente aspectos positivos sin evaluar los impactos de la forestación. Entre las razones que motivan esta oposición se debe mencionar los impactos ambientales ya constatados desde hace varios años de los monocultivos de eucaliptos a gran escala y de los que ENCE ya dispone en Uruguay. La aprobación de la planta de celulosa implicará sin lugar a dudas, el aumento de estas plantaciones. Sin embargo, la empresa aún no ha comunicado el plan de forestación necesario para alimentar la fábrica. Este hecho inquieta particularmente a los productores rurales. De acuerdo con los productores, el proyecto de forestación en la zona amenaza su permanencia en el medio rural, al agotar sus fuentes de agua y afectar gravemente la calidad de sus suelos. Por otra parte, el número de empleos fijos generados tampoco representa posibilidades de desarrollo en la región puesto que una vez terminado el periodo de construcción de la fábrica de celulosa serán únicamente de 300. Además, toda la cadena productiva está exonerada de impuestos, instalando la fábrica en zona franca y puerto franco. La fabricación de celulosa conlleva, además, la ocupación de grandes superficies de territorios, la pérdida de soberanía nacional por la concentración de la tierra en manos de empresas extranjeras y la destrucción de ecosistemas (en el caso uruguayo básicamente la pradera), desplazando de manera irreversible otras actividades agropecuarias. Estamos frente a un mega-emprendimiento industrial que va a producir más de un millón de toneladas al año, el doble de celulosa de lo que produce la empresa en sus fábricas instaladas en España. El tema de la escala del emprendimiento no es menor ya que cualquier posible accidente va a tener impactos de consideración sobre la región. Otro de los puntos que genera preocupación entre las organizaciones y productores uruguayos es la falta de información sobre la fabricación y manipulación de productos químicos necesarios para la producción de celulosa. Por último, la empresa ENCE se considera -según su sitio web- líder mundial en la producción de celulosa blanqueada con tecnología TCF (totalmente libre de cloro), pero contradictoriamente a esto para Uruguay anuncia que utilizará la tecnología ECF (libre solamente de cloro elemental) justificando su propuesta por la demanda del mercado y no por las consecuencias ambientales de las técnicas empleadas. Por estas razones, las organizaciones sociales de Uruguay y el Estado español transmiten una carta de protesta al Presidente José Luis Zapatero, considerando:
FIRMAN: En Uruguay: En el Estado español: Más información: Tom Kucharz (Ecologistas en Acción) María Selva Ortiz (REDES-Amigos de la Tierra Uruguay) Elizabeth Díaz (Grupo Guayubira) Sr. José Luis Rodríguez Zapatero Montevideo, Barcelona, Madrid, 14 de abril de 2008 Sr. Presidente, Por la presente, las organizaciones de la sociedad civil de Uruguay y del Estado español abajo firmantes expresamos nuestra más profunda preocupación por el apoyo con fondos públicos (ICO y posiblemente CESCE), y por parte de entidades financieras españolas tales como BBVA, Caja Madrid, Banco Sabadell y Banesto, del proyecto de ENCE en Uruguay. Cabe recordar que el 19 de octubre de 2007, la Compañía Española de Créditos a la Exportación (CESCE) publicó entre los proyectos de Categoría A en proceso de tramitación, el “Proyecto de Construcción de una planta de celulosa en Punta Pereira, Uruguay”. Este proyecto será llevado a cabo por la empresa española ENCE, y contempla una producción anual de un millón de toneladas. La nueva instalación contará con un puerto propio y se encontrará equidistante de las zonas forestales y del Atlántico. Se prevé que entre en funcionamiento en el segundo semestre de 2009 y que alcance su producción máxima un año después. Para esta operación, que representará un costo de 1.385 millones de euros, ENCE ha solicitado una póliza por "riesgos políticos" a CESCE, en la cual el Estado tiene la mayoría del capital (50’25%). Puesto que se trata de una operación "riesgo-país" por cuenta del Estado, es el Gobierno español, a través del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y del propio presidente del Gobierno, quien tiene el peso decisivo sobre su aprobación. Por otra parte, a principios del mes de abril de 2008, para el financiamiento de esta planta, ENCE firmó un crédito sindicado con el BBVA, la Caja Madrid, el Banco Sabadell, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y Banesto. Estas entidades participan como directoras y aseguradoras, mientras que la Caixa General de Depósitos actúa como mandatario. El crédito tiene un importe de 1.075 millones de euros, de los cuales 690 millones de euros serán destinados a la construcción y el abastecimiento de la planta de ENCE en Uruguay. Consideramos que se trata de un financiamiento totalmente irresponsable debido a los importantes impactos sociales, económicos y ambientales que representa el proyecto de ENCE. Diferentes organizaciones sociales, ambientales y de productores rurales de Uruguay se presentaron el 1 de abril de 2008 en una Audiencia Pública --organizada por el gobierno uruguayo para que la empresa española presentase su proyecto a la población-- para manifestar su total oposición a la instalación de una fábrica de celulosa. En efecto, tras un exhaustivo examen del estudio de impacto ambiental presentado por ENCE, las organizaciones y grupos uruguayos concluyeron que éste era no solamente incompleto, sino que además contaba con graves errores metodológicos, al considerar únicamente aspectos positivos sin evaluar los impactos de la forestación (para más información figuran en anexo las observaciones de las organizaciones uruguayas al Resumen de Estudio de Impacto Ambiental enviadas a la Dirección Nacional de Medio Ambiente y el escrito presentado posteriormente una vez que tuvieron acceso al expediente completo de ENCE). Entre las razones que motivan esta oposición se debe mencionar los impactos ambientales ya constatados desde hace varios años de los monocultivos de eucaliptos a gran escala y de los que ENCE ya dispone en Uruguay. La aprobación de la planta de celulosa implicará sin lugar a dudas, el aumento de estas plantaciones. Sin embargo, la empresa aún no ha comunicado el plan de forestación necesario para alimentar la fábrica. Este hecho inquieta particularmente a los productores rurales del Departamento de Colonia, que se dedican a la agricultura, apicultura y la lechería. De acuerdo con los productores, el proyecto de forestación en la zona amenaza su permanencia en el medio rural, al agotar sus fuentes de agua y afectar gravemente la calidad de sus suelos. Por otra parte, el número de empleos fijos generados tampoco representa posibilidades de desarrollo en la región puesto que una vez terminado el periodo de construcción de la fábrica de celulosa serán únicamente de 300. Además, toda la cadena productiva está exonerada de impuestos, instalando la fábrica en zona franca y puerto franco. La fabricación de celulosa conlleva, además, la ocupación de grandes superficies de territorios, la pérdida de soberanía nacional por la concentración de la tierra en manos de empresas extranjeras y la destrucción de ecosistemas (en el caso uruguayo básicamente la pradera), desplazando de manera irreversible otras actividades agropecuarias. Estamos frente a un mega-emprendimiento industrial que va a producir más de un millón de toneladas al año, el doble de celulosa de lo que produce la empresa en sus fábricas instaladas en España. El tema de la escala del emprendimiento no es menor ya que cualquier posible accidente va a tener impactos de consideración sobre la región. Otro de los puntos que genera preocupación entre las organizaciones y productores uruguayos es la falta de información sobre la fabricación y manipulación de productos químicos necesarios para la producción de celulosa. Por último, la empresa ENCE se considera -según su sitio web- líder mundial en la producción de celulosa blanqueada con tecnología TCF (totalmente libre de cloro), pero contradictoriamente a esto para Uruguay anuncia que utilizará la tecnología ECF (libre solamente de cloro elemental) justificando su propuesta por la demanda del mercado y no por las consecuencias ambientales de las técnicas empleadas. Por estas razones, las organizaciones sociales de Uruguay y el Estado español abajo firmantes instamos al Gobierno español: * En lo que refiere a los fondos públicos: Que el Gobierno no
apruebe la póliza de CESCE ni el financiamiento por parte del ICO
al proyecto mencionado Es hora de asumir una actitud responsable y de compromiso a favor de un desarrollo sostenible, y en pleno respeto de los derechos humanos y del medio ambiente en los países del Sur. Las empresas y entidades financieras españolas han generado en los últimos 15 años múltiples conflictos sociales y ambientales en los países del Sur, y en América Latina en particular, sin participar en el mejoramiento de las condiciones de vida de las poblaciones más empobrecidas. Sin negar que hayan podido producir efectos positivos puntuales, el balance es claramente negativo. Usted comprenderá nuestra inquietud cuando ésta situación además se perpetua con el apoyo de fondos públicos de lo/as ciudadano/as del Estado español. Agradeciendo de antemano la atención que prestará a esta carta, le enviamos un cordial saludo. Atentamente, FIRMAN: En Uruguay: En el Estado español: Cc. Sr. Miguel Angel Moratinos Cuyaubé Cc. Sra. Elena Espinosa Cc. Sr. Miguel Sebastián Gascón Cc. Sr. Pedro Mejía Gómez |
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