Como tantos otros países del Sur, Uruguay fue convencido (por la FAO, el Banco Mundial y la Agencia de Cooperación Internacional de Japón entre otros) de que debía promover la plantación de árboles a gran escala. Desde el principio fue muy claro que el objetivo era producir suficiente materia prima para la producción de celulosa y por ello se promovió fundamentalmente la plantación de eucaliptos.
Los abundantes subsidios directos e indirectos que fueron canalizados al sector plantador (estimados en más de 400 millones de dólares), tuvieron el resultado esperado: se plantaron más de 600.000 hectáreas. Ahora llega el momento de empezar a cosechar la madera y el país no cuenta con ningún plan para el desarrollo del sector maderero. En ese contexto llega la Empresa Nacional de Celulosa de España (ENCE) con un proyecto de planta de celulosa a ser instalada sobre el río Uruguay y el gobierno la recibe con los brazos abiertos.
ENCE no es un actor nuevo en el país. La empresa se instaló en 1990 en Uruguay, comprando tierras y plantando 50.000 hectáreas de eucaliptos destinados a abastecer sus plantas de celulosa en España, donde a su vez cuenta con 100.000 hectáreas de eucaliptos. Su historia es por demás oscura, tanto en Uruguay, donde está registrada como Eufores, como en su país de origen.
En España fue llevada a juicio por crímenes ambientales luego de décadas de contaminación de la Ría de Pontevedra. Después de largos años fue finalmente condenada y sus ejecutivos sentenciados a multas y penas de prisión. Sin embargo, su “legado” ambiental aún lo siguen sufriendo quienes habitan en las cercanías de sus tres plantas de celulosa. Es interesante resaltar que en Pontevedra (donde hubo y hay la mayor oposición a ENCE), ahora produce celulosa TCF (totalmente libre de cloro), en tanto que en Huelva y Navia aplica el proceso ECF (con dióxido de cloro). Por supuesto que el proceso que pretende instrumentar en Uruguay no es el más limpio, sino el que utiliza dióxido de cloro.
En Uruguay, Eufores (ENCE) nunca fue multada ni sentenciada, aunque no por no haber hecho los méritos suficientes, sino por la falta de contralores, en particular en lo referente al cumplimiento de las normas laborales. Quienes trabajan o han trabajado para Eufores narran historias terribles sobre las condiciones de trabajo imperantes entre los contratistas que trabajan para la empresa.
Con ese historial, no resulta sorprendente que haya surgido un movimiento de resistencia a la instalación de esta planta de celulosa, que estaría ubicada sobre el río Uruguay, aguas arriba de la ciudad de Fray Bentos, en el departamento de Río Negro. Lo novedoso es que ese movimiento de resistencia no se limita a Uruguay, sino que también incluye a ambientalistas de Argentina, país con el que se comparte el río Uruguay y que por ende también podría ser afectado por la contaminación proveniente de la planta.
El día 4 de octubre, ambientalistas de ambos países llevaron a cabo una acción conjunta, que debía realizarse en el medio del puente internacional que une a ambos países en las cercanías de Fray Bentos. Los ciudadanos uruguayos fueron impedidos de cruzar el puente por las fuerzas de seguridad, en tanto que del lado argentino sólo se autorizó el cruce de una pequeña delegación (encabezada por el intendente de la vecina ciudad de Gualeguaychú, Emilio Martínez Garbino) impidiendo que las más de 800 personas que se congregaron allí pudieran participar de la acción.
Una vez cruzado el puente se juntaron con los activistas uruguayos y todos juntos se dirigieron a Fray Bentos, donde el intendente Martínez Garbino entregó al intendente de Río Negro Francisco Centurión la “Declaración de Gualeguaychú”, elaborada por una asamblea ciudadana de entidades de esa ciudad, donde manifestaban su oposición a la instalación de la planta.
La acción tomó tal estado público, que los principales actores gubernamentales uruguayos se vieron obligados a salirle al cruce (desde el vicepresidente hasta el ministro de Relaciones Exteriores), apelando a la consabida “defensa de la soberanía”, la “no injerencia en asuntos internos”, que nunca aplican cuando se trata del embajador de los Estados Unidos o de representantes del Fondo Monetario Internacional. Del lado argentino, el presidente Néstor Kirchner encomendó a su Canciller, Rafael Bielsa plantear formalmente al gobierno uruguayo su preocupación por la posible contaminación de un curso de agua compartido, cosa que hizo pocos días después en reunión con el presidente de Uruguay Jorge Batlle.
El revuelo generado por “la cruzada” abrió puertas hasta entonces cerradas al movimiento ambientalista uruguayo. Radios, diarios y hasta informativos televisados dieron por primera vez la oportunidad a la ciudadanía de informarse a través de los medios masivos de comunicación acerca de las razones de quienes se oponen a los monocultivos forestales (y a las plantas de celulosa asociadas a los mismos) y que bregan por un país ambientalmente sano y socialmente justo. La esquizofrenia oficialista frente a “la cruzada” de un grupo de ciudadanos de un pueblo hermano tuvo el resultado opuesto al buscado: la apertura informativa sobre esta problemática hasta entonces silenciada.
La cruzada fue un éxito y la lucha continúa. Ambientalistas de ambos países, agrupados desde el año 2001 en la Red Socioambiental, consideran ahora la implementación de nuevas acciones conjuntas para impedir la instalación de la planta de ENCE. Mientras los gobiernos hablan de integración, los pueblos comienzan a integrarse efectivamente.
Por más información visite: http://www.guayubira/mbopicua/index.html
Fuente: Boletín Nº 75 del WRM, octubre de 2003
